Juicio por YPF en Estados Unidos: le reclaman al gobierno que "defienda los intereses nacionales" y apoye la denuncia contra Cristina y Eskenazi

El inesperado giro en el juicio contra la Argentina por la expropiación de las acciones de YPF a la familia Eskenazi sin la correspondiente indemnización en 2008 -difundido este domingo por Clarín- causó una explosión de repercusiones en redes sociales y también en organizaciones civiles. Las entidades le reclaman al gobierno sostener la denuncia que la jueza estadounidense Loretta Preska abrió a consideración de las partes del proceso a pesar de que ella ya sentenció al país a pagar 16.000 millones de dólares a los tenedores de aquellos derechos de los Eskenazi, los fondos de inversión Burford Capital y Eton Park.

El tema es muy importante, las chances son remotas y hay que actuar rápido: la semana pasada, la organización civil estadounidense Republican Action for Argentina (RAFA) presentó un pedido de reconsideración del fallo contra el país en base a una denuncia de fraude a la justicia norteamericana por la supuesta connivencia de Cristina Kirchner y un empresario íntimo de ella y su marido, el titular del Grupo Petersen, Enrique Eskenazi, en el proceso de "argentinización" de YPF en 2008. Cuatro años después, Cristina expropió las acciones de la controlante española Repsol, sin arreglar indemnización ni pagos a Eskenazi, con quien misteriosamente se rompió el vínculo luego de la muerte de Néstor Kirchner en 2010.

El Grupo Petersen cedió, perdió, prestó o acordó -el verbo cambia según quién cuente la historia- los derechos judiciales del reclamo económico, que terminaron ejecutando los dos fondos de inversión que los tenían. La justicia les dio la razón en un fallo enormemente perjudicial para la Argentina.

Pero el lunes pasado, el abogado argentino y titular de RAFA Fernando Irazú presentó una "Moción de la Regla 60" -herramienta procesal para discutir sentencias ya firmadas bajo el argumento de que obviaron información que no estuvo disponible durante el juicio- y sorpresivamente la doctora Preska la aceptó y giró a las partes del proceso para que se pronuncien. Si no se piden ni conceden prórrogas, el plazo para emitir esa opinión y sostener la denuncia de RAFA vence este martes 25 de febrero.

Toda la comunidad anticorrupción de la Argentina se movilizó este domingo para reclamarle al la Procuración del Tesoro -que representa jurídicamente al país- que "debe defender los intereses nacionales en la causa YPF en Nueva York"

Ese es el título del documento publicado por el Grupo de Trabajo sobre Prevención de la Corrupción, que exhorta a la Procuración y a YPF "a ejercer con determinación, la defensa de los intereses nacionales y hacer propia la presentación de la ONG Republican Action for Argentina (RAFA) en la causa tramitada en Nueva York donde la Argentina fue condenada a pagar 16.000 millones de dólares al Fondo Burford."

"Como se denuncia con sólidos fundamentos en esa presentación, acompañando constancias de las denuncias formuladas oportunamente por Elisa Carrió e Informe producido por la Unidad de Información Financiera en el año 2018, ese fallo puede y debe ser anulado, porque la adquisición de las acciones de YPF por el Grupo Petersen se hizo en base a operaciones originadas –según serias y fundadas denuncias- en graves delitos y los adquirentes “pagaron” su precio en base a “distribuciones de dividendos” de una empresa que estaba siendo vaciada con el simple mecanismo de simular utilidades inexistentes", continúa el texto.

Según la organización, esa afirmación está acreditada por numerosas pruebas –como la certificación contable presentada por la ONG Contadores Forenses- en la causa tramitada en el juzgado federal de Ariel Lijo y respaldada por abundante documentación presentada por RAFA ante la Jueza Preska en Nueva York.

"La condena a la Argentina por 16.000 millones de dólares representa tres veces el valor actual de mercado de YPF e importa la mayor condena dictada en la historia contra un Estado. De hacerse efectiva, el grupo Petersen recibiría unos 4.800 millones de dólares sin haber invertido un solo peso en la compra de YPF, o sea un 90% del valor actual de YPF", detalla el comunicado del Grupo de Trabajo, que entre otros integran los extitulares de la UIF Mariano Federici y María Eugenia Talerico, el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Alberto Garay, y los abogados especializados en ética pública Carlos Negri, Alejandro Drucaroff, Susana Decibe, Marta Oyhanarte, Horacio Moavro, Osvaldo Pérez Sanmartino.

"En la causa tramitada ante el juez Lijo se pidieron hace años medidas cautelares respecto de los involucrados, entre ellas Petersen Energía S.A.U y Petersen Energía Inversora S.A.U (radicadas en España) y el fondo Burford Capital (radicado en Estados Unidos), sin que el juzgado se haya pronunciado. Ante los nuevos hechos surgidos en las últimas horas, exhortamos a la Procuración del Tesoro y a YPF a actuar con la urgencia del caso en defensa de los intereses nacionales, en serio e inminente riesgo", cierra el manifiesto.

"Milei, como jefe de Estado, y Lijo, como juez de la causa que inicié en el año 2006 por el vaciamiento de YPF, tienen la obligación de entregar todo el expediente a la Juez de los Estados Unidos, de acuerdo al artículo 36 de la Constitución Nacional, 2da parte. En la que también está incurso Lijo. Quiera Dios no sea juez de la Corte", considero en la red X la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.

En forma similar se expresaron otros referentes de la Coalición Cívica, como Marcela Campagnoli -muy activa en el caso-, Juan Manuel López, Mónica Frade y Hernán Reyes, pero también Javier Iguale (PRO) y el abogado Alejandro Fargosi, muy escuchado por el presidente y que considera la denuncia como "una magnífica oportunidad para que @JMilei evite que perdamos U$ 16.000.000.000 por culpa del perverso y ladrón kirchnerismo. Depende de que la Procuración del Tesoro adhiera antes del 25 de febrero. La Procuración debe hacerlo SÍ O SÍ SIN EXCUSAS"

El exdiputado Alvaro de Lamadrid fue más enfático: "como dudamos de la buena fe del gobierno, hoy intimamos al procurador para que denuncie toda la trama corrupta o lo consideraremos otro encubridor como Zannini, Cúneo Libarona y Barra", tuiteó, junto a una dura carta dirigida al jefe de los abogados del Estado, el procurador del Tesoro Santiago Castro Videla.